Más de 70 magistrados y magistradas del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires expresaron su respaldo a la jueza Laura Beatriz De Marinis y cuestionaron las acciones impulsadas por el Poder Ejecutivo porteño luego de una resolución en la que la magistrada declaró inconstitucional, para un caso concreto, el artículo 1° de la Ley 27.801, que estableció el nuevo Régimen Penal Juvenil.

El pronunciamiento fue difundido bajo el título “En apoyo a la magistrada De Marinis” y lleva la firma de integrantes de distintos fueros de la Justicia porteña. Los jueces y juezas manifestaron su “más enfático repudio y profunda preocupación” frente a las expresiones de las máximas autoridades del Ejecutivo porteño y, “en particular, frente a la presentación del pedido de juicio político en su contra como consecuencia del desacuerdo con el contenido de esa decisión jurisdiccional”.

El conflicto se originó en una resolución del 21 de septiembre de 2026, dictada en la causa “M.I.A. y otros s/ art. 164 – Robo y otros”, en la que De Marinis, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3, declaró la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley 27.801 para ese caso y dispuso el sobreseimiento de un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo.

Según explicaron los magistrados en el comunicado, la jueza ejerció “el control de constitucionalidad y convencionalidad, que la Constitución Nacional confiere a todo juez en el marco del modelo difuso”. La declaración de inconstitucionalidad se fundamentó, según el pronunciamiento, en que la reducción de la edad de punibilidad resultaría regresiva respecto del sistema de protección integral de derechos.

El planteo había sido promovido por el Ministerio Público de la Defensa y contó con la adhesión del Ministerio Público Tutelar en representación de los derechos del adolescente.

La resolución generó una fuerte reacción del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien cuestionó públicamente el criterio adoptado por la magistrada y anunció que impulsaría un pedido para avanzar contra ella.

“Es la primera vez que pido un juicio político. Vamos a apelar, esperamos tener éxito y es un gran momento para discutir qué clase de jueces queremos. Los jueces tienen que hacer cumplir la ley, no escribir leyes nuevas”, sostuvo Macri al referirse al fallo.

El jefe de Gobierno también planteó que el Poder Ejecutivo iba a utilizar los mecanismos institucionales disponibles para cuestionar la actuación de la jueza. El Gobierno porteño, además de impulsar la presentación ante el Consejo de la Magistratura, apeló la resolución judicial.

La postura del Ejecutivo parte de una interpretación diferente sobre el alcance del control judicial ejercido por De Marinis. La presentación sostiene que no se trata simplemente de revisar una sentencia desfavorable, sino de determinar si existieron conductas que podrían configurar las causales de “mal desempeño en el ejercicio de la función” y “desconocimiento inexcusable del derecho”.

El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, formalizó el miércoles la denuncia contra De Marinis ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. El escrito solicita que se investigue la actuación de la jueza y, si se verifican las causales denunciadas, que se formule la correspondiente acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.

Tapia había anticipado su decisión de promover el proceso y cuestionó el fallo por considerar que afecta la aplicación del nuevo régimen penal juvenil.

“Estamos indignados porque este tipo de fallos ponen en crisis todo un trabajo que se viene haciendo, que se hizo en el Congreso Nacional, que bajó la edad de imputabilidad para que aquel que no cumple la ley tenga sus consecuencias”, había afirmado el ministro.

En la presentación formal, el Ejecutivo porteño sostiene que la denuncia no pretende desconocer la facultad de los jueces para ejercer el control de constitucionalidad. El planteo apunta, según la presentación, a determinar si en este caso existieron irregularidades que exceden una diferencia de interpretación jurídica. Entre las cuestiones objetadas se encuentran el análisis realizado sobre la Ley 27.801 y la utilización de normas del régimen penal juvenil anterior.

Frente a la denuncia, los jueces y juezas firmantes plantearon que una diferencia con el contenido de una sentencia debe resolverse a través de los mecanismos procesales previstos por la legislación.

“La legislación procesal pone a disposición de las partes los canales recursivos apropiados para obtener la revisión de tales decisiones por las instancias judiciales superiores”, señalaron.

Y remarcaron que, en este caso, “el Ministerio Público Fiscal ya apeló el fallo en cuestión”, lo que, según sostienen, demuestra que el propio sistema jurídico cuenta con los mecanismos correspondientes para discutir la resolución.

El punto central del comunicado aparece en el párrafo siguiente: “En cambio, la promoción de un juicio político como respuesta al contenido de una sentencia agravia seriamente la independencia judicial”.

Los magistrados explicaron que esa independencia “ha sido instituida por el constituyente no en beneficio de los jueces, sino en amparo de los derechos y las garantías de las personas, para que no puedan ser avasalladas por ningún otro poder, dentro o fuera del Estado”.

El documento también cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sostiene que la independencia judicial protege a quienes ejercen la magistratura frente a “interferencias indebidas”. A la vez, destaca la diferencia entre los recursos destinados a revisar una sentencia y los procedimientos disciplinarios destinados a analizar la conducta de los jueces.

Por ese motivo, los firmantes concluyen con una definición particularmente crítica hacia el Ejecutivo: “Por todo ello, rechazamos la intromisión y el acoso del Poder Ejecutivo, y exhortamos a las autoridades públicas a actuar con mesura, prudencia institucional y apego al derecho”.

El enfrentamiento expone así dos posiciones institucionales diferentes. El Gobierno porteño sostiene que la actuación de De Marinis puede ser investigada por posibles causales de mal desempeño y desconocimiento inexcusable del derecho, mientras que los magistrados firmantes consideran que recurrir a un procedimiento de remoción como consecuencia del contenido de una sentencia afecta la independencia judicial.

La discusión se desarrolla mientras la resolución de De Marinis continúa siendo objeto de revisión por las vías judiciales correspondientes. La Fiscalía especializada en materia penal juvenil apeló el fallo y solicitó además el apartamiento de la magistrada del expediente.

El comunicado de los magistrados lleva las firmas, entre otros, de Aurelio Ammirato, Karina Andrade, Pablo Casas, Andrea Danas, Sergio Delgado, Andrés Gallardo, Elena Liberatori, Patricia López Vergara, Gustavo D. Moreno, Osvaldo Otheguy, Alejandra Petrella, Gonzalo Rua, Fabiana Schafrik y Víctor Trionfetti. El texto aclara que se continúan recibiendo adhesiones.

El caso pone en discusión no sólo la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, sino también el alcance del control de constitucionalidad, las vías para revisar las decisiones judiciales y los límites de los mecanismos disciplinarios frente a los jueces y juezas de la Ciudad.