El Consejo Asesor Histórico, la Comisión Organizadora y otros sectores vinculados a la Marcha del Orgullo manifestaron su voluntad de mantener la convocatoria para el 7 de noviembre, frente al pedido del Gobierno porteño de trasladar la movilización al 21. En paralelo, un grupo de legisladores presentó un proyecto de declaración en la Legislatura para expresar su preocupación por la falta de definiciones sobre la realización de la marcha.

La discusión se inició luego de que el Gobierno de la Ciudad planteara modificar la fecha de la movilización en función del operativo previsto por la visita del papa León XIV. La administración porteña propuso trasladarla al 21 de noviembre, una vez finalizado el período durante el cual rigen restricciones para la realización de actividades masivas en el espacio público.

Frente a esa propuesta, el Consejo Asesor Histórico y la Comisión Organizadora difundieron un comunicado en el que ratificaron la fecha originalmente establecida. Bajo la consigna “La calle no se negocia y la Marcha se mantiene”, señalaron que el 7 de noviembre fue definido con anticipación por las organizaciones que participan de la organización.

En el documento, los sectores convocantes sostuvieron que la fecha forma parte de una planificación realizada con meses de anticipación y remarcaron que la movilización tiene una trayectoria histórica dentro del movimiento de la diversidad en la Ciudad de Buenos Aires.

También plantearon que corresponde al Estado porteño garantizar las condiciones de seguridad, logística y atención sanitaria necesarias para que la jornada pueda desarrollarse, en lugar de condicionar la realización de la movilización.

La postura de estos sectores se conoció mientras continúan las conversaciones entre las organizaciones y el Gobierno porteño. La Ciudad había argumentado que la modificación permitiría disponer de los recursos necesarios para el operativo relacionado con la visita papal.

En paralelo al reclamo de las organizaciones, este jueves ingresó a la Legislatura de la Ciudad el proyecto de declaración 2978-D-2026, que expresa “profunda preocupación” por la falta de respuestas del Gobierno porteño respecto de la realización de la 35ª Marcha del Orgullo, convocada para el 7 de noviembre.

La iniciativa fue presentada por la diputada Delfina Velázquez y cuenta con la firma de los legisladores Matías Barroetaveña, Vanina Biasi, María Bielli, Francisco Caporiccio, Victoria Freire, Noemí Geminiani, Alejandro Omar Grillo, Andrés La Blunda, Amanda Martín, Juan Pablo Modarelli, Graciana Peñafort, Alejandro Salvatierra y Leandro Santoro.

En sus fundamentos, el proyecto destaca que la Marcha del Orgullo constituye una expresión colectiva de relevancia política, social y cultural para Buenos Aires. También recuerda que las movilizaciones comenzaron en la Ciudad en 1992 y que, con el paso de las décadas, se incorporaron a la agenda pública porteña.

Los legisladores hacen referencia además a la Ley N° 6.482, que instituyó la Semana del Orgullo y establece que la fecha de la Marcha del Orgullo es definida por organizaciones de la sociedad civil reconocidas por su trabajo en defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+.

El proyecto sostiene que la visita del papa León XIV y la Marcha del Orgullo no deberían ser consideradas actividades incompatibles. En ese sentido, plantea que corresponde al Gobierno de la Ciudad realizar las tareas de planificación, coordinación y seguridad necesarias para garantizar que ambas actividades puedan desarrollarse.

La iniciativa también advierte que la falta de información oficial a pocas semanas de la movilización afecta a las organizaciones encargadas de su organización y a las personas que tienen previsto participar.

La posición de los sectores que mantienen la convocatoria del 7 de noviembre recibió además el respaldo de InterPride, organización internacional que reúne a entidades vinculadas con las celebraciones y movilizaciones del Orgullo.

A través de un comunicado difundido por la organización de la Marcha del Orgullo de Argentina, InterPride manifestó su solidaridad ante el intento de postergar la movilización porteña. Señaló que una marcha de esta magnitud requiere meses de organización y que su fecha tiene un significado histórico y político para la comunidad.

La entidad internacional reclamó a las autoridades porteñas que mantengan un diálogo con las organizaciones locales y que garanticen las condiciones de infraestructura, salud, seguridad y logística necesarias para la realización del evento.

InterPride también sostuvo que las instituciones democráticas tienen la responsabilidad de garantizar los derechos de reunión y expresión y que las distintas actividades públicas deben poder convivir bajo condiciones de seguridad.

La controversia se desarrolla mientras está vigente una resolución conjunta del Gobierno porteño que establece restricciones para la realización de eventos, actos y actividades en el espacio público entre el 6 y el 13 de noviembre, inclusive.

La medida fue adoptada en el marco del operativo previsto por la visita del papa León XIV y contempla la posibilidad de disponer recursos extraordinarios de seguridad, tránsito, movilidad y mantenimiento del espacio público.

El período establecido por la resolución incluye el sábado 7 de noviembre, fecha elegida por las organizaciones para la Marcha del Orgullo. Por ese motivo, el Gobierno porteño planteó como alternativa realizarla el 21 de noviembre.

Hasta el momento, el Consejo Asesor Histórico, la Comisión Organizadora y otros sectores de la Marcha del Orgullo mantienen públicamente su voluntad de marchar el 7 de noviembre, mientras continúa el diálogo con las autoridades porteñas.

La discusión suma ahora un nuevo escenario institucional con el proyecto presentado en la Legislatura y un pronunciamiento de alcance internacional, mientras la fecha de la 35ª Marcha del Orgullo permanece como uno de los puntos centrales de la agenda pública porteña.