El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un procedimiento preventivo ante situaciones de crisis empresariales, con el objetivo de generar instancias de diálogo entre empresas, trabajadores y sindicatos antes de que las dificultades económicas, productivas o tecnológicas deriven en despidos o suspensiones.

La medida fue establecida mediante la Resolución N.º 928/SECTE/26, en el marco de los Procedimientos Preventivos de Crisis previstos por la Ley Nacional de Empleo.

Según explicó el subsecretario de Trabajo y Empleo de la Ciudad, Horacio Bueno, el objetivo es que el Estado pueda intervenir antes de que una situación de crisis derive en la pérdida de puestos de trabajo. “Queremos intervenir antes de que una crisis se convierta en despidos y trabajar para encontrar alternativas que permitan preservar el empleo”, afirmó.

Cómo funcionará el procedimiento

El mecanismo podrá iniciarse a pedido del empleador, de una asociación sindical con personería gremial o de oficio por parte de la Secretaría de Trabajo y Empleo, cuando existan elementos objetivos que permitan prever posibles despidos o suspensiones.

La herramienta busca establecer un ámbito institucional en el que empresas, trabajadores y sindicatos puedan analizar la situación y negociar posibles alternativas.

La presentación deberá realizarse a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) e incluir información sobre la situación de la empresa, los trabajadores potencialmente afectados y documentación económica, financiera, contable y laboral. También deberán detallarse las medidas que la empresa proyecta adoptar.

Una vez presentada la solicitud, la autoridad laboral deberá verificar su admisibilidad dentro de las 48 horas y convocar a una primera audiencia dentro de los cinco días.

Si en esa instancia no se alcanza un acuerdo, se abrirá un período de negociación de diez días. Durante ese plazo, la autoridad laboral podrá promover nuevas instancias de conciliación, solicitar información adicional y formular propuestas destinadas a preservar el empleo, sostener la actividad productiva y promover la paz social.

Mientras dure el procedimiento, el empleador no podrá ejecutar las medidas proyectadas.

El impacto de los cambios tecnológicos

Desde la Secretaría de Trabajo y Empleo señalaron que el mecanismo también apunta a abordar situaciones vinculadas con la transformación de las formas de producción y la incorporación de nuevas tecnologías.

En ese sentido, Bueno sostuvo que una crisis empresarial no necesariamente implica que una compañía haya dejado de ser viable, sino que puede estar atravesando un proceso de adaptación frente a cambios tecnológicos, productivos o del mercado.

“El objetivo es sentar a las partes en una mesa y buscar soluciones antes de que la única respuesta sea despedir trabajadores”, explicó.

El Gobierno porteño plantea que los procesos de modernización puedan ser acompañados mediante capacitación, inversión y acuerdos entre las partes, de modo de evitar que la incorporación de nuevas tecnologías se traduzca automáticamente en una reducción de puestos de trabajo.

La postura del Gobierno porteño

La nueva herramienta forma parte de la política laboral que impulsa la Ciudad y busca que la intervención estatal se produzca antes de que los conflictos laborales se profundicen.

“Cuando el Estado tiene herramientas para anticiparse a un problema, no puede quedarse de brazos cruzados”, sostuvo Bueno al explicar los fundamentos de la medida.

El funcionario también destacó el peso del empleo y del capital humano en la economía porteña y señaló que, ante una crisis, una intervención temprana puede ampliar las posibilidades de alcanzar acuerdos.

“Llegar cuando el conflicto ya estalló limita las soluciones; nosotros queremos anticiparnos, facilitar el diálogo y actuar a tiempo”, concluyó.