Un proyecto de ley presentado por el bloque de La Libertad Avanza, con la firma de su presidenta Pilar Ramírez, propone crear un nuevo régimen de promoción económica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de incentivar inversiones productivas de escala media mediante beneficios impositivos y acceso a financiamiento.

La iniciativa, denominada Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones de la Ciudad (RIMICABA), busca complementar el esquema nacional vigente y apunta a atraer tanto capitales locales como extranjeros, con foco en sectores estratégicos de la economía porteña.

El proyecto establece que podrán acceder al régimen aquellas empresas que ya se encuentren inscriptas y aprobadas en el programa nacional de incentivos a las medianas inversiones. A nivel local, deberán además acreditar su radicación efectiva en la Ciudad y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Entre los principales beneficios previstos se incluyen exenciones impositivas por un período de dos años. En concreto, las firmas alcanzadas quedarían exceptuadas del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos vinculado a la actividad promovida, del impuesto de Sellos en contratos relacionados con la inversión y del Impuesto Inmobiliario y tasas asociadas para los inmuebles construidos en ese marco.

La propuesta también contempla el acceso a líneas de crédito preferenciales a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de facilitar el financiamiento de los proyectos productivos.

Según los fundamentos del proyecto, la medida apunta a reducir los costos iniciales de instalación y expansión de las empresas, mejorar la competitividad de distintos sectores económicos y fomentar la creación de empleo formal.

El texto señala además que la estructura económica de la Ciudad —con fuerte presencia de servicios, tecnología, turismo, construcción e industrias culturales— podría beneficiarse de este tipo de incentivos, especialmente en el segmento de pequeñas y medianas empresas.

Por otra parte, el régimen establece mecanismos de control y sanción. En caso de incumplimiento o pérdida de la condición de beneficiario a nivel nacional, las empresas deberán devolver los beneficios recibidos, con intereses y posibles multas.