El legislador porteño Juan Pablo Arenaza presentó un proyecto de resolución para solicitar información al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre las 1.580 personas alojadas en Centros de Inclusión Social (CIS) que, según informó el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, consiguieron trabajo durante 2026 a través de una red de 130 empresas.

La cifra fue comunicada el viernes 16 de octubre durante una reunión informativa de la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria de la Legislatura porteña, en el marco del debate del proyecto de Presupuesto 2027.

La iniciativa, registrada bajo el expediente 3295-D-2026 e ingresada el 21 de octubre, solicita que el Poder Ejecutivo responda en un plazo de 30 días sobre las características de esas inserciones laborales, su continuidad y las condiciones en las que se concretaron.

Uno de los principales puntos del pedido apunta a determinar cuántas de las personas mencionadas accedieron a empleos registrados en relación de dependencia y cuántas se incorporaron a otras modalidades, como monotributo, monotributo social, contratos eventuales o de temporada, pasantías y trabajos informales. También requiere información sobre los mecanismos utilizados por el Ministerio para verificar la registración laboral.

El legislador solicita, además, conocer cuántas personas mantienen sus empleos, cuántas egresaron de los Centros de Inclusión Social a partir de su inserción laboral y cuántas reingresaron a la red de dispositivos o volvieron a encontrarse en situación de calle. El pedido contempla datos desagregados por mes de ingreso al empleo, centro de procedencia, género y franja etaria, con resguardo de la identidad de las personas involucradas.

Otro apartado del proyecto está dedicado a las 130 empresas que, de acuerdo con lo informado por el ministro, participan de la estrategia de inserción laboral. Arenaza solicita la nómina de las firmas, sus razones sociales, CUIT, rubros de actividad y cantidad de personas provenientes de los CIS que incorporaron durante el año.

También pide copias de los convenios y acuerdos suscriptos con el Gobierno porteño, sus fechas y plazos de vigencia, además de información sobre posibles beneficios fiscales, subsidios, aportes o incentivos públicos vinculados con estas contrataciones.

La iniciativa incluye consultas sobre eventuales becas, subsidios y prestaciones de programas de empleo o capacitación que hayan percibido las personas contabilizadas, así como los montos correspondientes.

El pedido de informes también busca establecer si la estrategia de reinserción laboral cuenta con un programa formalmente creado, cuál es el área responsable y qué presupuesto tuvo asignado y ejecutado durante 2026. Además, solicita conocer los fondos previstos para esa política en el proyecto de Presupuesto 2027.

Arenaza requiere que el Ministerio explique cómo llegó a la cifra de 1.580 personas, cuál fue la fecha de corte del relevamiento y qué criterio utilizó para considerar que alguien había accedido a un trabajo. También solicita los indicadores de seguimiento y evaluación, los informes de gestión elaborados durante 2026 y las eventuales articulaciones con organizaciones de la sociedad civil.

En los fundamentos, el legislador sostiene que la información es necesaria para evaluar los resultados de la política pública y determinar si corresponde ampliarla. Señala que la inserción laboral puede contribuir a la autonomía de las personas en situación de calle y que verificar la cantidad de empleos registrados y su continuidad permitiría medir el alcance de la estrategia.

El proyecto se apoya, además, en la Ley 3706 de la Ciudad, vinculada con la protección y garantía integral de los derechos de las personas en situación de calle, y plantea que contar con datos precisos resulta relevante para la discusión y asignación de recursos del Presupuesto 2027.