La Legislatura aprobó pedidos de informes sobre los IFTS, TUMO, Secundaria Aprende y el régimen de asistencias
Los requerimientos incluyen datos sobre presupuesto, cargos docentes, infraestructura, trayectorias educativas y aplicación de las nuevas medidas.
La Legislatura porteña aprobó el jueves una serie de pedidos de informes al Gobierno de la Ciudad sobre distintos aspectos de la política educativa porteña. Los requerimientos abarcan la situación de los Institutos de Formación Técnica Superior (IFTS), la implementación y el financiamiento de los Centros TUMO Buenos Aires, el programa Secundaria Aprende y la aplicación del nuevo régimen de asistencias en las escuelas secundarias. En todos los casos, el Poder Ejecutivo deberá responder dentro de los 30 días de recibidos los pedidos.
Pedido de informes sobre los IFTS
Uno de los requerimientos, impulsado por la diputada Guadalupe Tagliaferri, solicita información sobre la planificación, gestión y funcionamiento de los Institutos de Formación Técnica Superior desde el 10 de diciembre de 2023.
Entre otros puntos, pide conocer los criterios utilizados para cerrar, suspender, trasladar o reorganizar comisiones, con especial atención a los IFTS 13, 27, 28 y 87. También solicita datos sobre los presupuestos asignados y ejecutados durante 2024, 2025 y 2026, incluyendo partidas destinadas a infraestructura, equipamiento, mantenimiento y equipos de apoyo.
El pedido requiere además información sobre las modificaciones de las POF, las razones por las que se abrieron inscripciones para comisiones que posteriormente fueron canceladas y el impacto de los traslados de estudiantes a establecimientos alejados.
En particular, se consulta por la decisión de trasladar en agosto de 2026 una comisión del IFTS 27 al IFTS 5, así como por la reorganización de docentes del IFTS 28 entre las carreras de Pedagogía y Educación Social.
La iniciativa también solicita información sobre la cantidad de estudiantes y docentes afectados, las medidas para evitar la interrupción de trayectorias educativas, la aplicación del estatuto docente, las dificultades registradas en el sistema SIU Guaraní y las instancias de consulta realizadas con rectores, consejos y comunidades educativas.
TUMO: modalidad en horario escolar y financiamiento
Otro de los pedidos corresponde al Despacho 0477-26, que reúne los expedientes presentados por las diputadas y diputados Mariana Kienast, Ernst, Fernández y Freguia, y por Francisco Caporiccio.
El requerimiento está vinculado con la nueva modalidad anunciada por el Ministerio de Educación en junio de 2026, que permite que grupos de estudiantes de escuelas porteñas cursen materias en las sedes de TUMO de Núñez, Barracas y Chacarita durante el ciclo lectivo y dentro del horario escolar.
La Legislatura pidió conocer cuántos cupos habrá en cada sede, discriminados por turno y disciplina, y cuáles serán los criterios para seleccionar a las escuelas y a los estudiantes. También solicita precisar si la participación será optativa u obligatoria y qué establecimientos ya fueron seleccionados o manifestaron interés.
Entre los aspectos operativos, el pedido consulta si habrá personal adicional, cómo se organizarán los traslados desde las escuelas hasta las sedes TUMO, quién afrontará esos costos y qué sucederá con los alumnos que permanezcan en sus establecimientos mientras sus compañeros concurren a los centros. También requiere información sobre la cobertura de seguros, la responsabilidad civil y la forma en que las actividades realizadas en TUMO serán acreditadas en los boletines y legajos.
El pedido también apunta al funcionamiento general del programa. Solicita conocer el marco jurídico que regula los Centros TUMO, el monto total destinado por el Gobierno porteño desde su puesta en marcha y el detalle de los gastos en equipamiento tecnológico, recursos humanos, infraestructura y servicios.
Uno de los puntos se refiere específicamente al Proyecto 20548 “Asistencia al Plan Integral de Educación Digital”, ejecutado junto con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), y pide información sobre el mecanismo utilizado para adquirir equipamiento destinado a TUMO. También reclama una copia de la Enmienda N.º 10 al Memorándum de Acuerdo entre el Gobierno nacional y UNOPS y consulta si el mecanismo utilizado contó con autorización de la Legislatura porteña.
Además, se pide información sobre la propiedad o tenencia de los inmuebles donde funcionan las sedes, las condiciones bajo las cuales el Gobierno de la Ciudad los utiliza y los eventuales cánones o contraprestaciones.
El despacho también solicita detalles sobre la planta transitoria creada para los Centros TUMO, incluyendo los cargos de Center Manager, Team Leader, Líder de Taller y Entrenador A, sus remuneraciones y la cantidad de agentes designados al 14 de julio de 2026.
Por último, la Legislatura pidió datos sobre inscripción y asistencia durante 2024, 2025 y el primer semestre de 2026, discriminados por sede y disciplina, además de información sobre evaluaciones de impacto y eventuales auditorías realizadas por la Auditoría General de la Ciudad.
Secundaria Aprende
Otro de los pedidos de informes se refiere a la implementación del programa Secundaria Aprende, a partir de un proyecto de la diputada María Bielli.
El requerimiento solicita información sobre los criterios utilizados para incorporar escuelas durante 2025, 2026 y 2027, la participación de docentes, estudiantes, cooperadoras y familias, y las modificaciones previstas para la próxima etapa a partir de las evaluaciones realizadas.
También se consulta por las condiciones de infraestructura, conectividad y equipamiento de las escuelas antes de su incorporación, los recursos tecnológicos y didácticos entregados y la aplicación del programa en escuelas artísticas y establecimientos con modalidades específicas.
Uno de los ejes está puesto en la organización del trabajo docente. El pedido solicita información sobre cargos y horas antes y después de la implementación, dificultades vinculadas con las POF, docentes en disponibilidad y concursos, además de eventuales modificaciones en espacios como CATE, tutorías y ACAP.
La iniciativa toma como antecedente un informe de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa (UEICEE), que relevó opiniones de equipos directivos, docentes y estudiantes. En ese marco, se pide información sobre cambios en la capacitación, tiempos de implementación, planificación institucional y carga de trabajo.
Según los antecedentes del despacho, el programa comenzó con 33 escuelas pioneras en 2025, sumó otras 95 durante 2026 y tiene prevista una ampliación a 110 establecimientos en 2027.
El nuevo régimen de asistencias
El cuarto pedido se vincula con la Resolución 218/MEDGC/26, que modificó aspectos del régimen escolar relacionados con la asistencia, las trayectorias asistidas y la revinculación de estudiantes secundarios que pierden la regularidad.
El despacho, impulsado por la diputada Berenice Iañez, solicita precisiones sobre el modo en que se contabilizan las inasistencias y, particularmente, sobre el límite de cinco faltas injustificadas por bimestre. También pregunta cómo se contempla la situación de alumnos que mantienen buenas calificaciones y asistencia en determinadas materias pero pierden la regularidad general.
Entre otros puntos, se consulta por los procedimientos de notificación e intervención de los equipos de orientación, las causas de justificación de faltas y el tratamiento de situaciones de fuerza mayor, emergencias climáticas o problemas de seguridad que afecten a estudiantes de villas, asentamientos, complejos y barrios populares.
El pedido también abarca el funcionamiento de la plataforma Aprende BA, los mecanismos de recuperación de la regularidad y el papel de los Centros de Acompañamiento a las Trayectorias (CATE), incluyendo presupuesto, metas, sedes y vacantes.
Además, solicita estadísticas sobre estudiantes en trayectoria asistida entre 2020 y 2025 y una comparación de los niveles de presentismo, ausentismo, alertas y reincorporaciones durante los primeros bimestres de 2024, 2025 y 2026.
La Legislatura también pidió información sobre los protocolos para estudiantes con enfermedades crónicas o discapacidad, las ocho inasistencias extraordinarias previstas en el nuevo régimen y la eventual creación de cargos destinados al seguimiento y carga de datos.







