Este martes 8 de septiembre gremios docentes y nodocentes tienen pensado desarrollar un paro de 24 horas en distintas instituciones de educación superior de todo el país, lo que incluye a la Ciudad de Buenos Aires.

La medida fue ratificada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales después de que la reunión paritaria realizada el 1 de septiembre no permitiera acercar posiciones entre las organizaciones sindicales y el Gobierno nacional.

La protesta tendrá impacto sobre las actividades habituales de las universidades, ya que contempla a trabajadores docentes y nodocentes. En consecuencia, podrán verse afectadas las clases, tareas de investigación y distintas funciones administrativas y de servicios.

Uno de los principales puntos de tensión es la evolución de los salarios frente a la inflación. En el último encuentro, el Gobierno planteó una suba del 3% para septiembre y mantuvo otro incremento del mismo porcentaje para octubre.

Los sindicatos consideraron que esos porcentajes no permiten recuperar la pérdida acumulada durante los últimos meses. El reclamo contempla una recomposición del 31,2% correspondiente al atraso salarial acumulado hasta julio, además de incorporar la inflación registrada durante agosto.

Desde el sector docente también reclaman mecanismos de actualización que permitan evitar que los ingresos vuelvan a quedar por debajo de la evolución de los precios.

A la discusión salarial se suman otros reclamos vinculados con el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y con la situación de los trabajadores de las escuelas preuniversitarias.

El paro no estará limitado a los docentes. La participación de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) incorpora al conflicto a quienes cumplen tareas administrativas, técnicas y de servicios dentro de las universidades.

Entre los pedidos de este sector aparecen la regularización de sumas que actualmente no tienen carácter remunerativo y una actualización de la garantía salarial.

De esta manera, el reclamo sindical abarca tanto la recuperación de los ingresos como el funcionamiento general del sistema universitario.

Otro de los ejes de la protesta es la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. Las organizaciones sindicales sostienen que el Poder Ejecutivo debe avanzar con su aplicación y cuestionan las demoras en su cumplimiento.

La discusión se encuentra además atravesada por resoluciones judiciales que establecieron obligaciones para el Estado nacional respecto de la normativa.

Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), su secretaria general, Laura Carboni, cuestionó la política salarial oficial y reclamó que el Gobierno precise cómo cumplirá con la legislación.

En paralelo, referentes de otros sindicatos universitarios también advirtieron sobre el impacto que tiene la pérdida salarial en la permanencia de docentes, investigadores y trabajadores dentro del sistema universitario.

Las organizaciones sindicales ya definieron nuevas acciones para las próximas semanas con el objetivo de mantener el reclamo en las calles. Para el martes 15 de septiembre está prevista una jornada nacional de clases públicas bajo la consigna “La universidad en la calle”. Dos días después, el jueves 17, los gremios prevén realizar un acto frente al Palacio Pizzurno, en coincidencia con una nueva instancia de negociación paritaria.

Además, el Frente Sindical anticipó la preparación de una quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para la primera semana de octubre. La convocatoria buscará sumar a estudiantes, docentes, nodocentes, investigadores y otros sectores vinculados con la educación, la ciencia y la tecnología.