El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, firmó un decreto que establece niveles mínimos de funcionamiento para el subte, los colectivos y el servicio de recolección de residuos ante medidas de fuerza gremiales en la Ciudad de Buenos Aires.

La normativa dispone que las empresas deberán asegurar prestaciones que van del 50% al 75% del servicio habitual, con el objetivo de evitar la paralización total de actividades consideradas críticas para la movilidad urbana y el funcionamiento cotidiano de la Ciudad.

En el caso de la recolección de residuos, catalogada como servicio esencial, el decreto fija una cobertura mínima del 75%. En tanto, el transporte público de pasajeros —colectivos, subtes y Premetro— fue encuadrado como actividad de “importancia trascendental”, por lo que deberá garantizar al menos el 50% de su operación ante huelgas o conflictos laborales.

La iniciativa busca, según el Gobierno porteño, neutralizar el impacto de los paros en áreas clave que afectan tanto a los vecinos como a quienes ingresan y egresan diariamente de la Ciudad.

“Se terminó la extorsión de un grupo de sindicalistas que usan a millones de porteños como rehenes para defender sus privilegios. Firmamos un decreto para que nunca más una minoría organizada pueda paralizar toda una Ciudad: subtes, recolección de residuos y colectivos de la Ciudad deberán garantizar niveles mínimos de servicio ante medidas de fuerza. Ley y orden”, expresó Macri.

El decreto adhiere a las disposiciones de la Ley de Modernización Laboral 27.802, que introduce modificaciones al artículo 24 de la ley 25.877 y establece categorías de servicios esenciales y actividades de importancia trascendental, junto con la obligación de garantizar prestaciones mínimas.

Para su implementación, se instruyó a la empresa Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) a coordinar con la concesionaria Emova Movilidad S.A. la modalidad operativa del servicio. Además, la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad deberá convocar a las partes involucradas para asegurar el cumplimiento de los porcentajes establecidos.

El decreto fue firmado también por el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; el ministro de Justicia, Gabino Tapia; y el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny.