La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves dos proyectos de ley orientados a fortalecer la protección de los consumidores frente al sobreendeudamiento y las prácticas abusivas de cobranza. Las iniciativas contemplan asistencia gratuita para personas con dificultades para pagar sus deudas y nuevas herramientas de control, denuncia y sanción para las empresas y agentes de cobro.

Uno de los proyectos, impulsado por el diputado Federico Mochi, junto con María Bielli, Francisco Caporiccio y otros legisladores, propone crear la Oficina de Protección y Alivio Financiero al Consumidor Sobreendeudado, un espacio de orientación y asistencia técnica, interdisciplinaria y jurídica gratuita.

La iniciativa está dirigida a residentes porteños que atraviesen dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras cuando el pago de las deudas comprometa la cobertura de necesidades esenciales o una subsistencia digna. Entre los requisitos previstos, establece como criterio general que los ingresos mensuales del grupo familiar no superen cinco salarios mínimos, vitales y móviles y que el servicio de la deuda absorba más del 30% de los ingresos netos disponibles. Para determinados hogares en situación de vulnerabilidad, esos límites podrían flexibilizarse.

La oficina contaría con profesionales del Derecho, Ciencias Económicas, Trabajo Social y Psicología. Entre sus funciones estarían revisar la composición de las deudas, los intereses y los cargos aplicados, orientar a los consumidores, promover acuerdos de refinanciación y brindar asistencia ante posibles infracciones a las normas de defensa del consumidor. También se prevén canales de atención a través de la Línea 147 y puestos presenciales descentralizados en las sedes comunales.

El segundo proyecto, presentado por el diputado Francisco Caporiccio junto con otros legisladores, propone modificar la Ley 6171 para reforzar la protección frente a las prácticas abusivas en la gestión extrajudicial de cobranzas.

La propuesta contempla la creación de un Programa Integral de Protección frente a Prácticas Abusivas de Cobranza, con acciones de prevención, fiscalización, asistencia, educación y recepción de denuncias. También establece un Registro Público de Infractores por Prácticas Abusivas de Cobranza, en el que podrían incorporarse empresas o agentes que cuenten con sanciones firmes por incumplimientos graves o reincidencia.

Entre las conductas contempladas como abusivas figuran el hostigamiento mediante comunicaciones reiteradas, los contactos en horarios indebidos, la falta de información clara sobre el origen y la composición de la deuda, la difusión de información a terceros ajenos a la relación de consumo y el uso de mecanismos intimidatorios o engañosos.

La iniciativa también prevé fortalecer los canales de denuncia y asistencia, implementar campañas de concientización y publicar informes periódicos sobre las denuncias recibidas, las infracciones detectadas y las sanciones aplicadas.

Ambos proyectos apuntan a ampliar las herramientas de protección de los consumidores porteños en un contexto en el que las dificultades para afrontar deudas y los reclamos de cobro pueden afectar la economía familiar y el acceso a bienes y servicios esenciales.