Un proyecto de ley presentado en la Legislatura porteña por el bloque de La Libertad Avanza, con la firma de la legisladora Pilar Ramírez, propone modificar el esquema del impuesto a las patentes de vehículos con el objetivo de reducir la carga tributaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La iniciativa plantea sustituir el artículo 50 de la Ley N° 6.927 y su modificatoria, estableciendo una nueva escala de alícuotas sobre la valuación fiscal de los vehículos. El proyecto introduce una estructura progresiva para automóviles, camionetas y motos, con tasas que van desde el 0,80% para los valores más bajos hasta el 4% en los segmentos de mayor valuación, junto con montos fijos por tramo.

Además, fija una alícuota uniforme del 1% para otras categorías como camiones, transporte de carga, transporte público de pasajeros, taxis y maquinaria agrícola o industrial. También mantiene un incremento del 10% sobre el impuesto destinado al financiamiento del Fondo permanente para la ampliación de la red de subterráneos.

Entre los puntos centrales, el texto establece que la carga efectiva no podrá superar el 5% del valor del vehículo en el caso de los automotores particulares y fija un mínimo anual de $13.300 para todos los casos.

En los fundamentos, la autora sostiene que la propuesta busca “aliviar el esfuerzo fiscal” de los contribuyentes en un contexto de aumento de las valuaciones por efecto de la inflación, lo que —según argumenta— genera subas automáticas en el impuesto aun sin cambios en las alícuotas.

El proyecto señala que, con el esquema vigente, vehículos de gama media pueden enfrentar patentes superiores al millón de pesos anuales, lo que considera una carga elevada para particulares y sectores productivos. En ese sentido, remarca que el automóvil no siempre representa un bien de lujo, sino que en muchos casos es una herramienta de trabajo.

La iniciativa también propone reducir y homogeneizar la carga impositiva sobre vehículos vinculados a actividades económicas, como transporte, logística y servicios, con el argumento de que un menor costo tributario podría impactar en la actividad productiva.

Finalmente, desde el bloque impulsor sostienen que la reducción de impuestos debe complementarse con una mayor eficiencia del gasto público, y plantean avanzar hacia un esquema con menor presión tributaria y mayor incentivo a la inversión y la actividad económica.