La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves un pedido de informes al Poder Ejecutivo porteño para conocer el grado de implementación de la Ley 6.106 de Prevención del Suicidio, con especial atención a las políticas de prevención, asistencia y posvención desarrolladas desde 2024.

El proyecto establece que el Gobierno porteño deberá responder, a través de los organismos correspondientes, dentro de un plazo máximo de 30 días de recibida la solicitud. El requerimiento busca actualizar y ampliar información que ya había sido solicitada anteriormente por la Legislatura.

Uno de los ejes centrales del pedido es conocer la cantidad y características de las capacitaciones realizadas desde 2024 en materia de prevención, asistencia y posvención del suicidio. Se solicita precisar quiénes fueron los destinatarios, cuántas personas participaron, qué organismos estuvieron a cargo, los contenidos abordados y la duración de las actividades.

Además, el pedido pone especial énfasis en la población adolescente. El Ejecutivo deberá informar si se realizaron capacitaciones específicas para detectar y abordar situaciones de riesgo suicida en adolescentes y si hubo instancias destinadas a referentes comunitarios, líderes barriales y otras personas con inserción territorial.

Protocolos y seguimiento después de un intento

Otro de los puntos principales está relacionado con el protocolo de intervención para los servicios de primer nivel de atención y las emergencias hospitalarias previsto por la Ley 6.106.

La Legislatura busca saber si ese protocolo fue elaborado y aprobado, qué organismo estuvo a cargo, cuándo entró en vigencia y si establece mecanismos de seguimiento posteriores a un intento de suicidio.

En caso de que el protocolo esté vigente, el Gobierno deberá informar su grado de aplicación en los hospitales, CeSAC y demás efectores de salud porteños, así como las acciones realizadas para capacitar al personal.

También se solicita conocer cuántas personas que atravesaron un intento de suicidio recibieron seguimiento efectivo desde 2024, discriminando por edad y especificando qué proporción corresponde a adolescentes. El requerimiento incluye información sobre los plazos para el primer contacto posterior al alta, la modalidad de seguimiento y eventuales niveles de abandono o discontinuidad.

Qué ocurre en las escuelas

El pedido también apunta a las acciones desarrolladas en establecimientos educativos. El Ejecutivo deberá informar en cuántas escuelas públicas y privadas se realizaron talleres vinculados con los factores que inciden en la problemática del suicidio desde la sanción de la ley.

La información deberá estar discriminada por año, comuna y nivel educativo, además de detallar los contenidos, la metodología utilizada y los organismos responsables.

También se busca determinar si estos talleres forman parte de programas permanentes o corresponden a acciones específicas y si se realizaron evaluaciones para medir sus resultados o impacto.

Campañas y tratamiento en medios

La Legislatura pidió además conocer las campañas de comunicación, prevención y sensibilización realizadas desde la sanción de la Ley 6.106.

Para cada campaña, el Gobierno deberá informar las fechas de inicio y finalización, población destinataria, alcance estimado, canales utilizados y recursos presupuestarios asignados, además de remitir las piezas gráficas y audiovisuales correspondientes.

Otro punto está dirigido al tratamiento periodístico de la problemática. Se solicita saber si la Ciudad elaboró recomendaciones, protocolos o guías para los medios de comunicación destinadas a promover una cobertura responsable de las noticias vinculadas al suicidio.

El pedido contempla específicamente conocer si esas recomendaciones incluyen pautas para abordar casos de suicidio adolescente y si hubo actividades de capacitación o sensibilización dirigidas a periodistas y trabajadores de prensa.

Estadísticas y presupuesto

El proyecto también busca determinar cómo se incorpora el suicidio a las estadísticas vitales de la Ciudad, qué organismo está encargado de registrar y sistematizar los casos y si existen informes o bases de datos específicos.

Asimismo, se pregunta si se realizaron investigaciones científicas o epidemiológicas sobre suicidio y prevención desde la sanción de la ley, y si se analizan tendencias, distribución territorial y grupos etarios.

Por último, el Ejecutivo deberá informar las partidas presupuestarias destinadas al cumplimiento de la Ley 6.106 desde 2024, incluyendo el porcentaje de ejecución de cada ejercicio, eventuales modificaciones o reasignaciones y los recursos previstos para el año en curso y el próximo.

El aumento de los intentos de suicidio

Entre los fundamentos del proyecto se señala como antecedente la situación epidemiológica registrada en la Ciudad. Según el texto aprobado, el Boletín Epidemiológico N.º 520, de agosto de 2026, informó un aumento del 49% en los intentos de suicidio respecto del año anterior.

Los fundamentos también citan información del Ministerio Público Tutelar según la cual en septiembre de 2025 se habían registrado 596 internaciones de niñas, niños y adolescentes por riesgo suicida en la Ciudad.

Frente a estos datos, la iniciativa plantea que conocer el nivel de implementación de las herramientas previstas por la Ley 6.106 permitiría evaluar qué población fue alcanzada, qué políticas se encuentran efectivamente operativas y qué obligaciones establecidas por la normativa están siendo cumplidas.

El pedido se enmarca además en las facultades de control de la Legislatura porteña y busca contar con información actualizada para evaluar las políticas públicas de prevención, asistencia y posvención del suicidio en la Ciudad.