La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires designó este jueves a Martín López Zavaleta como Fiscal General del Ministerio Público Fiscal porteño y a María Rosa Muiños como Defensora del Pueblo de la Ciudad. Las designaciones se realizaron durante una sesión especial convocada específicamente para definir las autoridades de ambos organismos y sus respectivos adjuntos.

La sesión especial había sido convocada para las 12, luego de la sesión ordinaria en la que el cuerpo legislativo trató otros proyectos. La convocatoria fue establecida mediante el Decreto N.° 31 de la Presidencia de la Legislatura e incluyó las propuestas para cubrir la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, junto con sus defensores adjuntos.

López Zavaleta fue propuesto por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, para ocupar la conducción del Ministerio Público Fiscal. Hasta ahora se desempeñaba como fiscal general a cargo del organismo. Su postulación había sido analizada por la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control y la Comisión de Justicia, y el 12 de agosto participó de la audiencia pública correspondiente en el Salón Dorado de la Legislatura.

Durante esa audiencia, el candidato presentó los principales lineamientos que proponía para su eventual gestión. Entre sus objetivos señaló la necesidad de construir un Ministerio Público Fiscal eficiente, rápido y cercano a las víctimas, dentro del respeto de las garantías constitucionales.

En el caso de la Defensoría del Pueblo, Muiños también había participado del proceso de selección previsto por la normativa porteña. La audiencia pública se realizó el 10 de agosto y formó parte del procedimiento iniciado para designar al Defensor o Defensora del Pueblo y sus adjuntos.

Muiños ya se desempeñaba como Defensora del Pueblo de la Ciudad y su candidatura volvió a ser considerada dentro del proceso institucional abierto por la Legislatura. Durante la audiencia destacó la importancia de la cercanía de los funcionarios con los vecinos, la presencia territorial y el contacto directo con las problemáticas de la ciudadanía.

Las designaciones se produjeron en una jornada en la que la Legislatura también tenía previsto tratar otros temas de importancia. Entre ellos se encontraban el proyecto para establecer la obligatoriedad de la escolaridad desde los 3 años y una modificación de la Ley 342, vinculada con el tratamiento de los vehículos abandonados en la vía pública.