Dos proyectos de ley presentados en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires plantean nuevas medidas frente a la situación de la salud mental y el aumento de los intentos de suicidio. Una de las iniciativas propone declarar por dos años la emergencia sanitaria en salud mental en todo el territorio porteño, mientras que la otra busca modificar la Ley 6106 de Prevención del Suicidio para establecer un plan obligatorio y permanente de capacitación destinado a quienes trabajan con población preadolescente, adolescente y joven.

El proyecto de declaración de emergencia corresponde al expediente 2791-D-2026, presentado el 9 de septiembre por la legisladora Vanina Biasi, con Amanda Martín como coautora. Propone declarar la emergencia durante dos años, con posibilidad de una prórroga por igual período si persisten las condiciones que fundamentan la medida. Entre sus objetivos se encuentra dar una respuesta urgente e integral ante el incremento de los problemas de salud mental, los suicidios y los intentos de autolesión, en el marco de las leyes nacional y porteña de salud mental.

La iniciativa plantea un plan inmediato de fortalecimiento del sistema público que incluye la apertura, acondicionamiento y equipamiento de salas de internación de salud mental en todos los Hospitales Generales de Agudos. También propone evitar la sobrecarga de los cuatro hospitales monovalentes, crear Centros de Salud Mental Comunitarios, Centros de Día y Casas de Convivencia en las zonas de mayor vulnerabilidad y establecer guardias interdisciplinarias de salud mental las 24 horas, todos los días, en hospitales generales y CeSAC.

El proyecto también contempla equipos móviles interdisciplinarios para intervenir ante crisis y consumos problemáticos y la creación de Residencias de Salud Mental Interdisciplinarias en todos los efectores porteños. En materia presupuestaria, establece que Salud Mental deberá contar con un piso equivalente al 10% del presupuesto total de Salud de la Ciudad y plantea garantizar la provisión gratuita, inmediata e ininterrumpida de los medicamentos esenciales indicados por profesionales en hospitales y centros de salud públicos.

El segundo proyecto, expediente 2796-D-2026, fue presentado el 10 de septiembre por la legisladora Andrea Mariana González, junto a Matías Barroetaveña, Victoria Freire, Noemí Geminiani, Matías Lammens y Leandro Santoro. La propuesta modifica la Ley 6106 y crea un Plan de Capacitación en Prevención, Atención y Postvención del Comportamiento Suicida en Población Preadolescente, Adolescente y Juvenil, destinado a personas de entre 10 y 24 años.

La capacitación tendría carácter obligatorio, continuo y permanente y alcanzaría a trabajadores de los tres poderes de la Ciudad, personal directivo, docente y no docente de escuelas públicas y privadas, profesionales de salud, justicia y seguridad, trabajadores de hogares convivenciales y residencias socioeducativas, integrantes de clubes y espacios deportivos y miembros de organizaciones sociales, comunitarias y religiosas que desarrollen actividades con adolescentes.

Los contenidos deberían incluir la identificación de señales de alerta y factores de riesgo, herramientas de intervención ante situaciones de crisis, prevención de conductas autolesivas, abordaje comunitario, derechos humanos, género y diversidades y una perspectiva específica sobre violencia digital. El proyecto también incorpora el uso problemático de entornos virtuales, el ciberbullying y otras formas de violencia digital como factores que deben ser considerados en las estrategias de prevención.

En las escuelas, la propuesta incorpora la capacitación sobre prevención y postvención del comportamiento suicida a la formación docente continua y gratuita. Además, plantea fortalecer los Equipos de Orientación Escolar, desarrollar materiales específicos para clubes de barrio y centros comunitarios y capacitar a referentes territoriales para que puedan funcionar como redes de sostén y articulación con los equipos de Atención Primaria de la Salud.

El proyecto establece además que, ante un suicidio consumado que afecte a estudiantes, jóvenes o integrantes de una institución educativa, deportiva o comunitaria, la autoridad de aplicación deberá disponer equipos técnicos para realizar acciones de postvención. El acompañamiento deberá ser interdisciplinario, intersectorial y sostenido durante al menos un año, con intervención sobre familiares, pares, docentes y referentes de la comunidad afectada.

Los fundamentos del proyecto de modificación de la Ley 6106 citan el boletín epidemiológico de la Ciudad de julio de 2026, según el cual los intentos de suicidio aumentaron un 47% respecto del año anterior. También menciona un estudio del Ministerio Público Tutelar correspondiente a 2023, que registró 596 internaciones de niñas, niños y adolescentes por riesgo suicida: el 48,3% correspondió a jóvenes de 13 a 15 años y el 43,6% a la franja de 16 y 17 años. Ambos proyectos, con enfoques diferentes, plantean así reforzar la respuesta pública ante la problemática mediante más recursos, prevención territorial, intervención en las escuelas, capacitación de los trabajadores y seguimiento de los indicadores de suicidios e intentos de autolesión.