Frenan la derogación de una ordenanza clave contra criaderos ilegales en la Ciudad
Habían intervenido entidades proteccionistas.
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Foto: GCBA
En el marco del tratamiento del proyecto conocido como “Ley Hojarasca” en la Legislatura porteña, se resolvió mantener vigente la ordenanza 41.831, una normativa central para el control de criaderos ilegales de animales en la Ciudad de Buenos Aires.
La iniciativa, impulsada por el bloque de La Libertad Avanza y con aval del oficialismo, propone la derogación de un conjunto de normas consideradas obsoletas. Sin embargo, la inclusión de esta ordenanza generó cuestionamientos de legisladores y organizaciones proteccionistas, que advirtieron sobre el riesgo de dejar sin herramientas legales la intervención estatal en casos de maltrato animal.
La ordenanza 41.831 permite actualmente clausurar criaderos clandestinos, sancionar la venta irregular de animales y decomisar ejemplares en situaciones de vulnerabilidad. Su posible eliminación encendió alertas sobre un eventual vacío jurídico.
En ese contexto, el legislador porteño Emmanuel Ferrario (Confianza y Desarrollo) impulsó una jornada junto a activistas para defender la normativa y advirtió sobre sus implicancias. Según señaló, desde el Gobierno de la Ciudad le transmitieron que no avanzarán con la derogación, aunque remarcó que será clave el tratamiento del proyecto en el recinto, previsto para el 18 de junio.
“Si la derogan sin reemplazarla por nada, todas esas intervenciones quedan en el aire jurídicamente. No están modernizando nada: están desarmando el único escudo normativo que tienen los animales en CABA”, había planteado el legislador en declaraciones previas.
Durante el debate también participaron organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Sintientes, cuya fundadora, Liz Solari, expuso en defensa de los derechos animales. “Cada derecho que tenemos por los animales debemos defenderlo, no podemos retroceder”, afirmó.
Desde distintos sectores se destacó que la derogación de esta ordenanza no formaba parte del proyecto original presentado por la legisladora Pilar Ramírez (La Libertad Avanza), sino que fue incorporada posteriormente durante el trámite legislativo.
Con dictamen de comisión, el proyecto quedó habilitado para su tratamiento en una próxima sesión. Mientras tanto, el futuro de la normativa y su impacto sobre la protección animal en la Ciudad continúan en debate.
