El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, presentó este martes en la Legislatura porteña un paquete de proyectos de Ley para la puesta en marcha de la Justicia del Trabajo local. Las iniciativas proponen modificar en simultáneo el Código Procesal Laboral (Ley N° 6.790), la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley N° 7) y la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley N° 1.903). El objetivo central es adecuar el andamiaje institucional de la Ciudad al traspaso de competencias de la justicia laboral desde la órbita nacional a la jurisdicción local, sellado en el convenio bilateral del pasado 9 de febrero.

La reforma estructural más profunda define el despliegue de la nueva arquitectura judicial. El Ejecutivo propuso que la justicia de primera instancia del trabajo quede integrada por un total de 80 juzgados, mientras que la Cámara de Apelaciones del Trabajo contará con 30 jueces divididos en 10 salas. No obstante, mediante cláusulas transitorias, se estableció que la puesta en funcionamiento será progresiva y coordinada por el Consejo de la Magistratura: el fuero arrancará inicialmente con 40 juzgados de primera instancia y 15 jueces de Cámara distribuidos en cinco salas, para ir escalando según las necesidades del servicio.

En sintonía con este despliegue, el proyecto adecúa el Ministerio Público de la Ciudad para dotar de personal a las dependencias. La Fiscalía ante la Cámara del Trabajo contará con dos fiscales y los juzgados de primera instancia tendrán ocho fiscales. Por el lado del Ministerio Público Tutelar, se sumará un asesor de Cámara y un asesor de primera instancia. La competencia del nuevo fuero abarcará conflictos individuales y colectivos del trabajo no federales, demandas fundadas en contratos y convenios colectivos, recursos contra las resoluciones de la Comisión Médica Jurisdiccional y acciones gremiales por cobro de aportes.

En el plano procesal, el paquete de leyes introduce cambios sustanciales para acelerar los litigios. Se amplía la competencia territorial de los tribunales porteños para intervenir en los casos en que el demandado posea domicilio real en la Capital Federal. Asimismo, se regula la digitalización total del fuero al habilitar las audiencias en modalidades virtuales o mixtas con carácter obligatoriamente videograbado. Con el fin de agilizar los tiempos, se implementará una “Secretaría Judicial de Gestión Asociada” que asumirá todas las tareas administrativas para dejar a los magistrados abocados exclusivamente al dictado de sentencias, fijando un plazo estricto de treinta (30) días corridos para emitir fallos definitivos tras la nueva audiencia obligatoria de alegatos orales. Ambos expedientes comenzarán su debate en las comisiones parlamentarias en los próximos días.