Un proyecto de ley presentado en la Legislatura porteña por La Libertad Avanza propone modificar la Ley N.º 1.854 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos con el objetivo de evitar que los establecimientos gastronómicos sean sancionados cuando la falta de recolección de residuos sea responsabilidad de la empresa contratada para prestar ese servicio.

La iniciativa, identificada como expediente 2057-D-2026, fue presentada por la legisladora Andrea Freguia y cuenta con las coautorías de Marcelo Gregorio Ernst, Juan Ignacio Fernández, Solana Pelayo, María del Pilar Ramírez, Sandra Mónica Rey y Leonardo Saifert.

El proyecto plantea modificar el artículo 48 de la ley vigente para establecer que los locales gastronómicos alcanzados por el régimen de Generadores Especiales de Residuos Sólidos Urbanos queden exentos de responsabilidad administrativa e infraccional cuando acrediten haber contratado un operador habilitado, contar con un contrato vigente, haber acordado una frecuencia y franja horaria para el retiro de los residuos y haber denunciado por los canales oficiales el incumplimiento del prestador.

Según la propuesta, en esos casos el comercio no podrá ser objeto de multas, clausuras, inhabilitaciones, intimaciones sancionatorias ni registrar antecedentes infraccionales si el retiro de los residuos no se realiza dentro del plazo de tolerancia que establezca la autoridad de aplicación.

No obstante, la iniciativa aclara que la exención no habilita el abandono o la disposición irregular de residuos en la vía pública. Mientras espera el retiro efectivo, el establecimiento deberá conservar los residuos en condiciones adecuadas de higiene, seguridad, separación y contención.

El proyecto también establece que la exención no será aplicable cuando existan derrames, obstrucciones graves de la vía pública, mezclas indebidas de residuos, riesgos sanitarios, denuncias falsas o incumplimientos propios del establecimiento. Asimismo, quedan excluidos los residuos sujetos a regímenes especiales, como los peligrosos, patogénicos, industriales especiales, radioactivos y aceites vegetales usados.

Otro de los puntos centrales de la iniciativa es la incorporación de un nuevo artículo 48 bis, que obliga a la autoridad de aplicación a habilitar una vía digital específica para que los establecimientos gastronómicos denuncien la falta de retiro de residuos por parte del operador contratado.

Ese sistema deberá permitir adjuntar la identificación del comercio, el contrato vigente, la frecuencia pactada, fotografías de los residuos no retirados y la constancia del reclamo realizado a la empresa prestadora. La autoridad tendrá un plazo de 24 horas para verificar los hechos antes de aplicar sanciones relacionadas con la falta de recolección.

Además, el proyecto prevé que, vencido el plazo de tolerancia sin que se haya efectuado el retiro, el establecimiento pueda contratar a otro operador habilitado o solicitar un servicio de emergencia a la autoridad competente. En caso de comprobarse el incumplimiento, los costos del retiro extraordinario deberán ser afrontados por el operador responsable.

En los fundamentos, los autores sostienen que la normativa vigente puede generar situaciones en las que comercios que cumplen con todas sus obligaciones terminan siendo sancionados por incumplimientos atribuibles a terceros. En ese sentido, afirman que la propuesta busca corregir esa situación, fortalecer la seguridad jurídica, mejorar la eficiencia administrativa y orientar las sanciones hacia los operadores que efectivamente incumplen con la prestación del servicio.

Los legisladores también señalan que la iniciativa apunta a preservar la higiene urbana, evitar la acumulación de residuos en la vía pública y brindar un procedimiento claro para la denuncia y verificación de los incumplimientos, especialmente en el sector gastronómico, donde la generación diaria de residuos orgánicos requiere retiros frecuentes.