La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó dos proyectos de resolución que solicitan al Poder Ejecutivo información detallada sobre distintas actividades y obras vinculadas al Autódromo “Oscar y Juan Gálvez”. Los pedidos ponen el foco, por un lado, en la situación de Cross Park BA, el espacio destinado a actividades de motocross y disciplinas vinculadas; y, por otro, en el traslado del Kartódromo al Parque Ribera Sur y la construcción de un nuevo circuito.

El primero de los requerimientos plantea que el Gobierno porteño informe, dentro de los 30 días de recibido el pedido, quiénes ocuparon, administraron o explotaron comercialmente el sector conocido como Cross Park BA desde el inicio de sus actividades.

Entre otros aspectos, se solicita identificar a las personas o empresas involucradas, sus autoridades, composición societaria, beneficiarios finales y período de intervención. También se pide precisar quién es titular de la denominación “Cross Park BA” y quién emitió comprobantes por entradas, entrenamientos, competencias, alquileres, publicidad, estacionamiento, gastronomía y otros servicios.

Qué se quiere conocer sobre Cross Park BA

El pedido también apunta a determinar qué instrumento jurídico permitió la ocupación y explotación del predio, si se trató de una concesión, permiso de uso, locación, convenio u otra modalidad.

En ese sentido, se solicita conocer el expediente, las partes firmantes, el plazo, el canon, las inversiones obligatorias, garantías, seguros, condiciones de mantenimiento, fiscalización, penalidades y eventuales mecanismos de rescisión y restitución del espacio.

Otro de los puntos centrales es establecer si hubo un procedimiento competitivo para seleccionar al explotador. El Ejecutivo deberá informar si existió convocatoria, qué propuestas se recibieron, cuáles fueron los criterios de evaluación y cómo se determinó el canon o contraprestación. En caso de no haber existido una licitación u otro mecanismo competitivo, deberá explicar cuál fue el fundamento legal para utilizar otra modalidad.

El proyecto también pregunta por la eventual participación de ACBA S.A. y AUSA en la entrega, administración, contratación, fiscalización, obras o comercialización vinculada con Cross Park BA. Además, busca determinar si los derechos comerciales o ingresos relacionados con el sector fueron incluidos en el contrato de cesión de derechos de comercialización celebrado en 2024 entre el Fideicomiso y AUSA.

Canon, ingresos, obras y controles

La solicitud incorpora un capítulo específico sobre el aspecto económico. Se pide informar cuánto se generó desde el comienzo de la explotación, diferenciando montos devengados, facturados, cobrados, pendientes, refinanciados o reclamados.

También se pretende conocer el destino de esos fondos, las cuentas receptoras y el circuito mediante el cual los recursos fueron transferidos al Fideicomiso o al Tesoro porteño.

En materia de infraestructura, el Ejecutivo deberá informar las obras realizadas en el sector, incluyendo circuitos, drenajes, cerramientos, accesos, tribunas, sanitarios, boxes, iluminación y redes eléctricas, además de indicar quién las ejecutó, cuánto costaron y quién las financió.

El pedido alcanza además a las habilitaciones, controles de ruido, vibraciones, polvo, residuos, combustibles y lubricantes, así como las condiciones de seguridad, seguros, planes de emergencia y eventuales inspecciones, denuncias, accidentes, clausuras o sanciones.

Finalmente, se solicita conocer la situación jurídica y operativa actual de Cross Park BA, el vencimiento del instrumento que habilita su funcionamiento y si existen decisiones sobre su continuidad, renovación, rescisión, relocalización o restitución del espacio.

El traslado del Kartódromo al Parque Ribera Sur

El segundo proyecto aprobado está centrado en otro proceso relacionado con el Autódromo: el traslado del Kartódromo al Parque Ribera Sur y la construcción de un nuevo circuito.

El pedido solicita al Gobierno porteño que remita los expedientes y antecedentes que dieron origen a la decisión de transferir la administración del Parque Ribera Sur al Fideicomiso de Administración del Autódromo, así como la documentación vinculada con la construcción de los circuitos provisorio y definitivo.

También se requiere precisar qué participación tuvieron en el proceso organismos como AUSA, el Comité de Gestión del Fideicomiso, Banco Ciudad en su carácter de fiduciario, la Agencia de Protección Ambiental y el área de Deportes.

Uno de los interrogantes planteados es qué fundamento jurídico permitió incorporar el Parque Ribera Sur a la administración del Fideicomiso del Autódromo y si esa decisión implicó modificar o ampliar el objeto y las funciones originalmente previstas para ese fideicomiso.

Impacto ambiental y pérdida de superficie verde

El proyecto dedica un capítulo específico a las consecuencias ambientales de la obra. Se solicita el Estudio de Impacto Ambiental, el Certificado de Aptitud Ambiental y los informes correspondientes.

Además, el Ejecutivo deberá informar si la construcción del nuevo Kartódromo implica reducción de superficie verde o absorbente, extracción, poda o trasplante de árboles, afectación de especies vegetales, alteraciones del suelo o impactos sobre la fauna y biodiversidad del Parque Ribera Sur.

También se pregunta si fueron evaluadas otras alternativas de localización que permitieran evitar o reducir el impacto ambiental y cuáles fueron los criterios técnicos, deportivos, urbanísticos, ambientales y económicos utilizados para elegir ese predio.

El requerimiento incluye asimismo los estudios de impacto acústico, movilidad, seguridad vial, impacto hidráulico y demanda deportiva, entre otros análisis técnicos.

Cuánto costará y cómo se financiará

Otro de los ejes del pedido es el costo de la obra. La Legislatura solicita que se discrimine el presupuesto destinado al proyecto ejecutivo, estudios técnicos, circuito provisorio, nuevo Kartódromo, obras complementarias, infraestructura, mitigación ambiental e inspección.

También deberá informarse de dónde provendrán los fondos, especificando si se utilizarán recursos del Gobierno porteño, del Fideicomiso del Autódromo, fondos administrados por AUSA u otras fuentes.

El Ejecutivo deberá informar además si el proyecto estaba contemplado en el presupuesto vigente cuando comenzó, qué modificaciones presupuestarias se realizaron y cuánto dinero fue efectivamente ejecutado hasta el momento.

Por último, la resolución pide conocer qué medidas se adoptaron para garantizar la continuidad de la actividad deportiva durante las obras, incluyendo el cronograma previsto para el funcionamiento del circuito provisorio y la posterior habilitación del nuevo Kartódromo.