Un proyecto de resolución presentado este martes 1 de septiembre en la Legislatura porteña solicita al Poder Ejecutivo de la Ciudad un informe integral sobre el estado de la infraestructura y los servicios públicos del Barrio Ramón Carrillo, ubicado en la Comuna 8. La iniciativa fue impulsada por la legisladora Berenice Iañez, con la coautoría de Matías Barroetaveña.

El pedido plantea que el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y los organismos que correspondan informen, en un plazo de 30 días, sobre las obras de infraestructura ejecutadas, en ejecución o proyectadas en el barrio. Entre otros datos, se solicita identificar los organismos responsables, empresas contratistas, montos contractuales y ejecutados, fechas de inicio, plazos de finalización y fuentes de financiamiento.

Uno de los ejes centrales del proyecto está puesto en la infraestructura cloacal y pluvial. La iniciativa requiere conocer la cantidad de viviendas conectadas y pendientes de conexión a la red cloacal, el estado de las redes troncales y secundarias, las cámaras de inspección y las estaciones de bombeo. También pide información sobre los trabajos de mantenimiento, reparación, ampliación y renovación realizados durante los últimos cinco años, junto con los planos correspondientes.

En materia pluvial, los legisladores solicitan detalles sobre el estado de conductos, sumideros, cámaras y desagües, además de las obras realizadas o proyectadas para prevenir anegamientos e inundaciones. El proyecto sostiene en sus fundamentos que en el barrio se registraron históricamente situaciones de anegamiento, inundaciones y desbordes cloacales, y plantea la necesidad de contar con información oficial actualizada sobre el funcionamiento de estas redes.

Otro de los puntos específicos del pedido está relacionado con una eventual conexión de la red cloacal del Barrio Ramón Carrillo con el Sistema Riachuelo, particularmente con la Obra Complementaria N° 4 ubicada en la intersección de las avenidas Riestra y Mariano Acosta. La Legislatura pide conocer si existe algún proyecto, estudio de factibilidad, análisis hidráulico, proyecto ejecutivo, presupuesto o cronograma para concretar esa vinculación.

En caso de que la conexión no esté prevista, el proyecto solicita que el Gobierno porteño explique los fundamentos técnicos, hidráulicos, ambientales, administrativos o económicos de esa decisión y acompañe la documentación respaldatoria. También requiere información sobre las gestiones realizadas ante Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), organismos nacionales y otras autoridades competentes.

El expediente también incorpora un pedido de información sobre la causa judicial “Amador, Olga Matilde y Otros c/ GCBA s/ Amparo” (Expediente N° 16981/2005-0). En ese sentido, solicita conocer el presupuesto asignado, comprometido, devengado y ejecutado para el barrio en el marco del cumplimiento de la sentencia, discriminado por ejercicio y partida presupuestaria. También pide detallar las obras, programas y contrataciones vinculadas con las obligaciones derivadas del fallo.

La iniciativa aborda además distintos servicios urbanos. Solicita información sobre la modalidad y frecuencia de la recolección de residuos sólidos urbanos, el organismo responsable y la eventual empresa contratista. También pregunta si el sistema utilizado en Ramón Carrillo difiere del implementado en el resto de la Ciudad y si está prevista la instalación de contenedores.

Otro capítulo está dedicado al servicio eléctrico. El proyecto pide conocer la cantidad, frecuencia, duración y causas informadas de los cortes registrados durante los últimos tres años, así como los reclamos y gestiones realizados por el Gobierno porteño ante la empresa prestataria. También requiere saber si existen obras previstas, proyectadas, en estudio o en ejecución para mejorar o ampliar la infraestructura eléctrica del barrio.

Finalmente, los autores solicitan información sobre las tareas de mantenimiento realizadas durante los últimos cinco años en materia cloacal, pluvial, vial, peatonal, eléctrica, alumbrado público, espacios comunes, espacios verdes y demás infraestructura urbana. También reclaman conocer el presupuesto asignado al Barrio Ramón Carrillo en el ejercicio presupuestario vigente, incluyendo eventuales modificaciones o reestructuraciones y el nivel de ejecución y devengamiento alcanzado hasta la fecha.

En los fundamentos, el proyecto señala que el Barrio Ramón Carrillo surgió formalmente en 1990 para atender la situación habitacional de familias relocalizadas de distintos asentamientos de la Ciudad. Según sostienen Iañez y Barroetaveña, el pedido busca contar con un diagnóstico actualizado sobre la infraestructura y los servicios, además de verificar la ejecución de los recursos públicos y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la sentencia judicial.